Aportación de copias simples en los procedimientos de contratación pública.

M. P. Batet

Anunciaba contratodeobras.com la emisión del Informe 188/2017, de fecha 10 de marzo de 2017, por parte de la Abogacía General del Estado, respecto de la aportación de documentos (originales o copias) en los procedimientos de contratación pública, que es objeto del presente comentario.

La normativa de contratación no regula un régimen específico sobre la aportación de documentos por los licitadores, por lo que es de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA), en la que su artículo 28.3 admite, con carácter general, la aportación de copias por parte de los licitadores, al disponer que las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales.

Indica la Abogacía General que esta afirmación tendrá dos excepciones: en primer lugar, respecto de la aportación del documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional (hay que entender que cualquier otra garantía) y, en segundo lugar, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija, o cuando existan dudas derivadas de la calidad de la copia.

Para estos casos, dispone el artículo 28.5 LPA, que la Administración puede exigir el cotejo de las copias aportadas, requiriendo al licitador la exhibición del documento o documentos originales de que se trate. Además, el artículo 28.7 LPA, indica que los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten, lo que no significa necesariamente que se imponga un trámite específico de acreditación de la veracidad de las copias aportadas por interesados en el procedimiento, que tendrá lugar sólo de manera excepcional y supondrá la “exhibición” del documento original para que la Administración, comprobando directamente dicho documento, pueda efectuar la labor de “cotejo” de las copias aportadas por el interesado.

También indica la Abogacía General que “no existe obligación de que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se contemple expresamente la posibilidad de la Administración de exigir la exhibición de documentos originales por parte de los licitadores en orden a acreditar la veracidad de las copias aportadas, pues dicha posibilidad está legal y expresamente prevista en el artículo 28.5 de la LPACAP, cuya aplicación se supedita únicamente a la concurrencia de los supuestos de hecho previstos en dicho apartado 5 y a la motivación de la solicitud que, a tal efecto, efectúe la Administración contratante”. Ello no obsta a que dicha previsión se incluya en el pliego, con carácter informativo para los licitadores.

Las consecuencias para el licitador que no aportara documentos veraces, pueden ser varias: para el procedimiento de contratación, el documento en cuestión se ha de considerar como no presentado; si la empresa presentara una copia falsa, podría incurrir en causa de prohibición de contratar; y además, podrían derivarse consecuencias penales, al poder ser constitutivo de delito de falsedad en documento público o privado.