“Llamamiento al Ministerio de Hacienda sobre la PLACSP”

Escrito por Roberto Magro y María Pilar Batet.

La ley de Unidad de Mercado puso orden en el caos que suponía la publicidad de los contratos en miles de perfiles de contratante dispersos en internet, al imponer a todos los sujetos que integran el sector público español (estatal, autonómico y local) la obligación de publicar las licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), dependiente del Ministerio de Hacienda.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre insiste en la obligatoriedad de publicar en Plataforma de Contratación del Sector Público la mayor parte de los documentos que conforman el expediente de contratación, imponiendo consecuencias a su incumplimiento como la de incluir entre las causas de nulidad de pleno derecho de los contratos, la falta de publicación del anuncio de licitación (art. 39.2c).

Sin embargo, desde hace tiempo el caos es otro, los responsables de la gestión de la contratación publica tenemos la obligación de proporcionar una información muy similar a diferentes plataformas y organismos. Además de la publicidad de información en la Plataforma de Contratación, debemos subirlatambién al Portal de Transparencia de la entidad, debemos remitirla al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, así como al Registro de Contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (también dependiente del Ministerio de Hacienda); eso sí, todos ellos con diferente formato. Además, se suma el hecho de que parte de esa información también la necesita la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación para realizar sus funciones.

La exigencia de publicar en la PLACSP toda la información de la contratación del sector público estatal era más que necesaria para el cumplimiento de los principios básicos de la contratación pública, pero esa plataforma debe ser la fuente de alimentación para cualquier otra plataforma u organismo y no de forma pasiva, sino activa. Es cierto que están los ficheros de todos los contratos y entidades en formato abierto para su reutilización, pero de forma pasiva. ¿Cómo aportar valor? Pues haciendo que PLACSP publique activamente y de forma interoperable dichos ficheros en los portales web donde se nos exige su publicación.

La gran base de datos de los contratos y donde solo publicaríamos la información las AAPP españolas es la PLACSP y desde allí se debe difundir a todos organismos de forma automática y activa dicha información. Apostar por el dato único, normalizado, centralizado, legal y de calidad, es lo que debe ser la PLACSP: la madre de la información que nutrirá el portal estatal de transparencia, el portal estatal de datos abiertos, la plataforma de rendición de cuentas, las cámaras de cuentas, etc.

Señoras y señores del Ministerio de Hacienda, nada mejor que ustedes para hacerlo posible y de forma centralizada; así ganaremos todos y seremos más eficaces y eficientes.

La Administración es electrónica, la licitación es electrónica, y se nos exige a los responsables de la gestión contractual un trabajo ingente e innecesario. Perdonen, pero “es que no nos da la vida” y necesitamos ese tiempo para realizar buenos pliegos, fiscalizarlos, controlar su ejecución y servir a la ciudadanía, que no se nos olvide, que es a quien nos debemos

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25 de noviembre

Como este es un blog de contratación, empezaré diciendo que mientras leía una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, me he acordado de que el lunes 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Estamos ante una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. La violencia de género es un problema que está presente en la mayor parte de los países del mundo en mayor o menor medida. En España, en 2019, llevamos ya cincuenta asesinatos machistas.

Cualquier tipo de violencia es nefasta, pero esta violencia es singular, los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia al ejercerla únicamente contra las mujeres como señal de dominación. Afortunadamente, este problema ha salido del ámbito familiar para ser considerado como un problema social, pero queda mucho por hacer.

Las mujeres asesinadas y maltratadas nos están pidiendo a gritos que denunciemos la situación, todavía estamos muy lejos de atajar el problema, por lo que debemos reclamar que se mejoren las medidas de protección contra las víctimas, que se realicen las reformas legales pertinentes y que se incremente la educación en igualdad en los colegios.

Por todas ellas.

La problemática de los contratos menores y alternativas a los mismos

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Contratos menores. Quién los ha visto y quién los ve… Nuestro criterio es tratar de evitarlos a través de una mayor planificación de las necesidades y de figuras como las centrales de compras. Muchos meses después de la LCSP de 2017, todavía se discuten cuestiones relativas a su “nuevo” régimen jurídico formal. Esto debería ser interpretado en el sentido teleológico y europeo que en el fondo lo impregna, lo cual nos debería llevar a una menor utilización de la contratación menor; y por supuesto a su total transparencia, que a la postre es transparencia en la gestión, ya que los contratos menores (y sus alternativas, que a continuación veremos) son esencialmente “contratos de gestión”.

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La compra pública de innovación conlleva un mejor servicio al ciudadano, por M. P. Batet.

En la Diputación Provincial de Castellón, nos embarcamos hace pocos meses en un contrato pionero de Asociación para la Innovación a fin de realizar una solución de territorio rural inteligente.

El contrato consiste en la adquisición de soluciones de telegestión para alumbrado público para instalar en veintinueve municipios de la provincia, que deberán integrarse en la plataforma horizontal SmartVillages, basada en códigos abiertos, estandarizados por organismos y consorcios internacionales, en modo servicio y entorno cloud y escalable que gestionará el alumbrado público. A su vez, se creará una oficina de proyecto con funciones de laboratorio de innovación, que realizará pilotos sobre telegestión en materia de residuos, aguas y turismo.

La plataforma de códigos abiertos permitirá la integración de soluciones de telegestión para alumbrado público de cualquier empresa que en un futuro quiera abrir sus eqquiposa la integración en la plataforma.

Para asegurarnos de que dicha solución no se encontraba en el mercado y además, obtener información relevante para elaborar los pliegos, se lanzó una consulta preliminar al mercado que tuvo la participación de doce operadores económicos y cuyos resultados fueron publicados en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Una vez convocada la licitación, se seleccionaron cuatro candidatos para cada uno de los dos lotes según los criterios de solvencia previstos en el pliego y se les invitó a presentar su proyecto de investigación.

Tras la negociación de los proyectos y la publicación de su resultado en la Plataforma de Contratos del Sector Público, las empresas presentaron su oferta final y se suscribió el contrato con las empresas que cumplían con las especificaciones técnicas, es decir, se creó la Asociación para la innovación con varios operadores económicos.

Tras la investigación y desarrollo de forma independiente por cada una de las empresas, se ha procedido a la adjudicación del producto resultante aplicandolos criterios de adjudicación determinados en el pliego.

Los beneficios de la compra pública de innovación son incuestionables, en este caso, supondrá una mejora para medio ambiente y un mejor servicio al ciudadano.

Hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo.

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¿Cómo calificamos un contrato de adquisición e instalación de un producto?, por M. P. Batet.

Cuando nos encontramos ante una adquisición de un producto y su instalación, la calificación del contrato es compleja; encontramos pliegos en los que el contrato es calificado de obra, otros en los que se califica el contrato como mixto y en algunas ocasiones se califica como suministro.

Si estuviéramos ante un contrato mixto que integra suministro y prestaciones de obras, ha de indagarse cuáles son las obligaciones esenciales que prevalecen y caracterizan el contrato por oposición a las accesorias o complementarias (STJUE, Sala Tercera, 26 de mayo de 2011, C-306/08, apartados 90 y 91).

Veamos distintos pronunciamientos sobre la calificación de estos contratos:

En el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (JCCA) del Estado, 4/13, de 27 de junio de 2014, sobre “calificación de contrato de instalación en edificios y obras”, se consideró que la adquisición de los elementos de iluminación queda englobado dentro del objeto principal de la misma, que es una construcción o instalación determinada, indicando que “si lo relevante es la obra en un bien inmueble, independientemente de la adquisición previa de los elementos que se van a destinar a esa obra, “ese contrato solo se puede calificar como contrato de obra”.

Indica la Junta que la finalidad delsuministro es la simple adquisición de elementos y no la adquisición de los mismos para su instalación. “En el caso de equipos de aire acondicionado, por ejemplo, es posible y habitual la adquisición de los mismos existiendo ya una previa obra de instalación que ha podido desarrollarse incluso años antes de la adquisición. Es el caso también de la renovación de equipos que utilizan las conducciones que ya fueron construidas y que permiten la renovación de los aparatos sin necesidad de acometer nuevas obras”.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón,enelInforme10/2014, de 2 de abril, mantuvoque enel contrato mixto “Pista de evacuación e innivación artificial en la estación de esquí de Panticosa”, la prestación que constituye su objeto principal es la innivación artificial, es decir la adquisición de los cañones de nieve, o cañones innivadores; y el régimen jurídico de su adjudicación es el que corresponde a un contrato de suministro, con independencia de la cuantía del importe de la prestación, teniendo un carácter accesorio las obras a realizar.

– El TARC de la Comunidad de Madrid, ensu resolución nº 300/2017, respecto del contrato de “obras de sustitución a tecnología led de las instalaciones de alumbrado exterior para la mejora de la eficiencia energética en el municipio” entiende que está correctamente calificado como contrato de obras.

– El TARC Central, en su resolución nº 1122/2018, indica respecto del contrato de la “obra de rehabilitación y modernización del alumbrado público de dicho municipio”, que es un contrato mixto y que se ha de atender al carácter de la prestación principal. Y en este sentido, no puede sino afirmarse que nos hallamos ante un contrato de obra, al ser las prestaciones de este contrato las principales.

– Igualmente, el TARC de la Junta de Andalucía, en Resolución 308/2018, determina que en el supuesto examinado se ha de concluir que el objeto del contrato consistente en el suministro e instalación de determinados tipos de luminarias y elementos de soporte para la renovación del alumbrado público con el fin de mejorar la eficiencia energética es uno de los trabajos enumerados en los Anexos I de la LCSP y II de la Directiva 2014/24/UE, por lo que conforme a los artículos 13 y 2.1.6, respectivamente, de dichas normas jurídicas, ha de ser calificado como contrato de obras.

La doctrina no es clarificadora, proviene del análisis del caso concreto, -como no podría ser de otra forma-,y no contamos con pautas claras a fin de calificar el contrato.

En mi opinión, será imprescindible conocerla envergadura de la instalación, su complejidad, la necesidad de proyecto y la amplitud de éste, también el coste diferenciado de las prestaciones de cada contratopuesto que aunque el coste no sea decisivo, cuando una de las prestaciones suponga un porcentaje muy elevadoparece difícil que sea la otra prestación la principal.

Podemos distinguir:

Si la instalación fuera prácticamente irrelevante, ni siquiera estaríamos ante un contrato mixto sino de suministros (p. ejsustitución de aparato de aire acondicionado; sustitución de algunos módulos de un ascensor, cambio de algunas bombillas, etc).

En el caso de que lo relevante sea la adquisición del producto pero exija trabajos concretos de instalación, estaremos ante un contrato mixto, a adjudicar teniendo en cuenta las normas del contrato de suministro, entendiendo que en este caso las obras serían secundarias (por ej. sustitución del césped artificial de un campo de fútbol, cambio del ascensor con escasa obra, sustitución de luminarias con necesidad de una mínima instalación).

En el supuesto de que lo relevante sea la obra, normalmente por ser de nueva instalación o suponer una reforma importante, estaríamos ante un contrato de obras que englobaría los suministros necesarios (por ej. construcción inicial del campo de futbol con césped artificial, instalación de un ascensor en donde no lo había, proyecto de instalación de luminarias con cableado, etc).

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), en su artículo 18.1 a), indica que cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.

La jurisprudencia europea había sido muy clara en este sentido. A modo de ejemplo, la STJUE de 21 de febrero de 2008 (Asunto C-412/04), Comisión contra Republica Italiana, reiterándola jurisprudencia anterior pero de forma más clara, subraya que la determinación del régimen jurídico de los contratos mixtos, que combinen obras y servicios o suministros, no puede realizarse únicamente por aplicación de un criterio cuantitativo (prestación de mayor valor económico, o value test), sino diferenciando la prestación característica del contrato, de aquellas que presentan un carácter accesorio o complementario.

Conviene tener en cuenta que en los contratos mixtos, para la ejecución del contrato, será de aplicación la normativa propia de las tipologías contractuales que los componen.En este sentido, la resolución 499/2014 del TACRC, resuelve un recurso contra los pliegos rectores de un contrato de arrendamiento, bajo la modalidad de renting, e instalación de césped artificial para un campo de fútbol municipal, que requería la previa realización de obras para preparar el terreno. El Tribunal pone de manifiesto que la fórmula de abono del precio fijada en el PCAP, relativa a abonos mensuales previa presentación de la factura, es contraria a los arts. 12 y 115.2 del TRLCSP. Estos preceptos someten a los contratos mixtos a las normas propias a la prestación principal sólo en la fase de adjudicación del contrato, pero no en cuanto a los efectos de cada una de las tipologías contractuales que los componen.

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“La vinculación de las características sociales al objeto del contrato. Ejercicio de riesgo.” por Bernabé Palacín.

Mi amigo y experto en contratación pública, Bernabé Palacín Sáenz, nos regala este post sobre una materia muy interesante y conflictiva en estos momentos. Es todo un placer poder publicarlo aquí.

  1. Evolución de las comunicaciones interpretativas de la Comisión Europea en materia de integración de aspectos sociales y medioambientales

Desde que la Comunicación de la Comisión titulada “La Contratación Pública en la Unión Europea”, de 11 de marzo de 1998, señalara que el objetivo de la contratación pública es esencialmente económico, y se planteara como una de sus prioridades “[…] la eliminación de la desigualdad y la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer en todas las políticas y actividades de la Unión Europea […]”, hasta la Comunicación de 20081, que se pronuncia sobre los potenciales beneficios de la compra pública ecológica, incentivando en las empresas el desarrollo de tecnologías ambientales; nos encontramos con una década en la que se cuaja el carácter estratégico e instrumental que hoy presenta nuestra contratación pública. Especialmente significativas resultan las Comunicaciones de 20012, sobre las posibilidades de integrar características sociales y medioambientales, ajustadas a las preocupaciones sociales, siempre que la elección no dé lugar a un acceso restringido al contrato en detrimento de los licitadores de otros Estados miembros.

No obstante, enseguida se advierte el carácter subordinado de los beneficios sociales al principio de libre competencia, reflejo que se positiviza en la afirmación: “El desarrollo sostenible ofrece a la Unión Europea una visión positiva a largo plazo de una sociedad más próspera y justa y que promete un medio ambiente más limpio, seguro y sano […]. Para conseguirlo en la práctica es necesario que el crecimiento económico apoye al progreso social y respete el medio ambiente, que la política social sustente los resultados económicos y que la política ambiental sea rentable”, si bien, ya se encarga la Comunicación medioambiental de aclarar que no hay contradicción entre crecimiento económico y un nivel aceptable de calidad medioambiental, ya que ambos se complementan o son sinérgicos.

Las Comunicaciones de 2001 mantienen un común denominador referido a los criterios de adjudicación, y es que “[…] han de permitir valorar las cualidades intrínsecas de un producto o servicio.”, debiendo estar vinculados al objeto del contrato.

2. La calidad intrínseca de lo ofertado

La doctrina administrativa de la Junta Consultiva de Contratación del Estado recoge este elemento consustancial a la valoración de la oferta, según su calidad intrínseca. El informe 31/03 sobre el “Proyecto de orden por la que se dictan instrucciones a los órganos de contratación sobre los requisitos y criterios medioambientales que habrán de introducirse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares” dice que “[…] la función de los criterios de adjudicación es, por lo tanto evaluar la calidad intrínseca de las ofertas, lo cual supone que deben tener relación directa con el objeto del contrato”.

En parecidos términos el Acuerdo 64/2013, de 6 noviembre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón «La función de los criterios de adjudicación es, por tanto, evaluar la calidad intrínseca de las oferta […]»; o el Informe 6/2014, de 3 de febrero: «[…] Su función consiste, por tanto, en permitir evaluar la calidad intrínseca de las ofertas». En contra, la relevante Sentencia del TJUE de 10 de mayo de 2012, Comisión c. Países Bajos, as. C-368/10, que en su apartado 91 afirma: “[…] como se desprende del punto 110 de las conclusiones de la Abogado General3, no es necesario que un criterio de adjudicación se refiera a una característica intrínseca de un producto, es decir, a un elemento incorporado materialmente en éste […]”

Se cuestiona, por tanto, si es más racional reducir la visión de la contratación pública a la obtención de una ventaja económica, como sigue manteniendo la Directiva 2014/24/UE, incluso el artículo 1 de la LCSP 2017, reservando los instrumentos de intervención en la economía para las políticas activas de las Administraciones Públicas en el empleo o el medio ambiente o, por el contrario, la contratación pública, como herramienta, como estrategia, debe complementar esas políticas directas, porque ello produce una mayor eficiencia en el gasto público.

La respuesta está en la ecuación más rentable, hemos de conocer si la acción del órgano de contratación, resulta oportuna, pertinente, viable, eficaz y eficiente, sobre la base de previas métricas evaluadas contrastadas con los correspondientes valores de referencia.

3. El objeto del contrato y su vinculación con los criterios de adjudicación: el bloque de las prestaciones, factores y formas de producción.

Las Comunicaciones interpretativas, social y medioambiental, de 2001, se refieren al objeto del contrato interrogándose sobre la siguiente cuestión: “¿Qué deseo como administración pública?, ¿construir o comprar?”, y prevén la imposición de un determinado modo de ejecución que incorpore intereses de tipo social.

La delimitación del objeto del contrato, señalan, no es ilimitada, los órganos de contratación, deben cumplir las normas y principios generales del Derecho Comunitario y, en particular, la libre circulación de mercancías y servicios, principios originarios y, de algún modo, antagonistas de la visión socialmente responsable de la contratación pública.

La nueva LCSP 2017 dibuja la relación entre los criterios de adjudicación y el objeto del contrato, contemplando las referencias clásicas a la integración de sus prestaciones (propiedades, funcionalidades, composición, materiales, tiempo, plazo) y su ciclo de vida (materias primas, fabricación, comercialización, transporte, eficiencia energética, desmantelamiento, reutilización), características todas ellas intrínsecas a la prestación; pero también, y esto es lo interesante, incorpora los factores que intervienen en los procesos de producción, prestación o comercialización de las obras, suministros o servicios, lo que de suyo amplía el ámbito y las posibilidades de integrar criterios sociales y medioambientales, lejos del corsé al que les sometió el considerando núm. 46 de la Directiva 2004/18/CE, así como el artículo 150 del TRLCSP.

De la vinculación de los criterios de adjudicación al objeto del contrato, podemos distinguir una modalidad estricta, tradicional, relativa a las prestaciones típicas del contrato, tales como el precio, unidades, calidad, funcionalidad, estética, etc., en las que se niega el criterio social como vinculado a las características propias de las empresas4 o a la mejora de las condiciones de trabajo y salariales5, y otra amplia, constituida por factores y formas de producción, comercialización o prestación, que busca, conforme al espíritu de las normas comunitarias, el pleno empleo y una sociedad más justa y sostenible, mediante la utilización de herramientas estratégicas.

De esta vinculación más amplia al objeto del contrato interesa destacar:

Los factores que intervienen en los procesos de producción, prestación o comercialización, que agrupamos, según la teoría económica, en las categorías de tierra (productos primarios, no elaborados por el hombre), capital (bienes elaborados por el hombre para incrementar la producción) y trabajo (servicios humanos6).
Las formas de producción, prestación o comercialización, medioambiental y socialmente sostenibles y justas, como combinación de los factores productivos, han de ser capaces de satisfacer “[…] las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.7”, y han de ser justas8, equitativas, éticas9, en su relación con el objeto del contrato, valorando un precio adecuado, como apuntan Mª Pilar ALGUACIL MARÍ y Vanesa FELIP TORRENT10.

Ambos aspectos considerados, factor y forma, se fijan en el apartado 6.a) del artículo 145, siendo susceptibles de ser vinculados al objeto del contrato y utilizados como criterios de adjudicación, algo lejos de la interpretación realizada por el TACRC, en su Resolución 235/2019, que comentamos a continuación.

4. Breve recensión de la Resolución 235/2019 del TACRC

Se trata del supuesto de unas mejoras salariales, por encima de Convenio, así como de la integración de políticas de conciliación de la vida personal y familar que, según la empresa recurrente, no guardan relación alguna con el servicio contratado, y en opinión del órgano de contratación cumplen los requisitos del artículo 145 LCSP, al referirse y afectar a los procesos y formas en los que se ejecuta la prestación.

El TACRC, hace un ejercicio de contraste de ambos criterios de adjudicación, frente a la Directiva 2014/24/UE y frente a la LCSP, y con apoyo en el considerando 92 de la primera, que apela al rendimiento comparativo de los criterios de adjudicación, y sobre la base de la inexistente definición del criterio de adjudicación en la LCSP, tan sólo referenciado a finalidades sociales en el artículo 142.2.; excluye la posibilidad de valorar aquellos supuestos como criterios de adjudicación. El TACRC, cita en su apoyo sendas sentencias del TSJ de Madrid11 y analiza el artículo 145.6 de la LCSP, equiparando, como si de una misma cosa se tratase, factor o medio de producción con formas o métodos productivos.

El TACRC interpreta, además, que la expresión «socialmente sostenibles y justas» se refiere al nivel mínimo establecido por la normativa de aplicación. En el caso de los salarios, al salario mínimo interprofesional, o al fijado en el convenio de empresa o en el convenio colectivo sectorial de aplicación. Estos niveles salariales son los socialmente justos y sostenibles; por debajo de ellos, no lo son.”. Conclusión con la que no podemos estar de acuerdo, toda vez que el legislador interno, en este inciso diferencial con el texto del artículo 67 de la Directiva, se refiere a una combinación específica de los factores que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente (artículo 145.3.h), con los métodos de producción ecológicos, forma sostenible, que a su vez, puede ser justa, si nos basamos en un comercio equitativo. Y del mismo modo, una combinación de factores o medios sociales, especialmente cuando se refieren a las personas vulnerables, da lugar a formas de producción, comercialización o prestación más sostenibles en su finalidad y justas12.

Cierto que Sentencias como la del TSJ de Madrid, de 14 de marzo de 2019, plantea el incremento salarial como injerencia en el derecho laboral, pero también hay que reconocer que este incremento, lejos de ser discriminatorio, puede tener un efecto compensador de diferencias entre quienes trabajan para la Administración, ya sea como personal propio o de terceros colaboradores.

CONCLUSIÓN: La difícil vinculación de los criterios de adjudicación con perspectiva social al objeto del contrato no lo es porque los términos de la LCSP no sean claros o precisos, sino por la ambigüedad que, hasta ahora, imprimen la doctrina y la jurisprudencia menor, al utilizar símiles y apoyos interpretativos dispares, basados únicamente en el derecho, lejos de la concepción económica de muchos de los conceptos de la contratación pública, que no sirven sino para confundir al gestor llamado a aplicarlos. La nueva LCSP abre una oportunidad, inédita en su extensión, para implementar la visión estratégica e instrumental de la contratación pública, conectando eficiencia con mejor calidad-precio y éstas con la introducción de criterios sociales y medioambientales. La timorata aplicación de estos criterios, a los que se refiere la Comisión Europea13, depende mucho de la aclaración de los conceptos que se han tratado, proporcionando la debida seguridad jurídica a los gestores.

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1 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, de 16 de julio de 2008 COM (2008) 400 final Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Contratación pública para un medio ambiente mejor.
2 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 15 de octubre de 2001 COM (2001) 566 final, Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos. La Comisión espera que la comunicación ayude a integrar los aspectos sociales contribuyendo al desarrollo sostenible, concepto que combina el crecimiento económico, el progreso social y el respeto del medio ambiente.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, de 4 de julio de 2001 COM (2001) 274 final, Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública. Desde un punto de vista metodológico ambas comunicaciones siguen las distintas fases del procedimiento de contratación pública y señalan las posibilidades y modalidades de integración.
3 CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT presentadas el 15 de diciembre de 2011 (1) Asunto C-368/10 Comisión Europea contra Reino de los Países Bajos
4 Resoluciones del TACRC, de 24 de abril de 2015, del TARCJ de Andalucía, de 18 de febrero de 2016, TACRC de 5 de mayo de 2017 y de 26 de octubre de 2018.
5 Resoluciones del TACRC, de 8 y 29 de marzo de 2019
6 Los hogares realizan una función económica, consumen y aportan factores de producción Guía práctica de la contratación pública para la PYME: ¿Cómo compra el sector público? (1) Contratación Administrativa Práctica nº 155, mayo-junio 2018, Nº 155, 1 de may. de 2018, Editorial Wolters Kluwer.
7 NACIONES UNIDADAS, COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, Nuestro futuro común, Abril, 1987.
8 La Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) da la siguiente definición: “El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur”
9 MEDINA ARNÁIZ, Teresa, Comercio justo y contratación Pública, Capítulo VI, de la obra Contratación Pública Estratégica, VV.AA., dirigida por PERNAS GARCÍA, J. José. Thonsoms Reuters Aranzadi. Dice la autora: “[…] el fomento de los principios del comercio justo en la contratación pública es uno de los ejemplos de objetivos secundarios conectados directamente con el concepto de «compra ética»
10 ALGUACIL MARÍ, Mª Pilar y FELIP TORRENT, Vanesa, ob.cit. nota núm. 175.
11 Núms. 220/2017 y 136/2018, que afirman: “[…] un criterio de valoración consistente en el compromiso de aplicar a los vigilantes de seguridad que presten el servicio objeto de contratación el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, no ofrece una relación directa con el objeto del contrato, y no es una cláusula social de las que la Directiva 2014/24/UE permite incluir como criterio de adjudicación.”
12 Véase el artículo de opinión. Contratación Administrativa Práctica nº 161, mayo-junio 2019, Nº 161,1 de may. de 2019, Editorial Wolters Kluwer.”[…] Si los criterios de adjudicación pueden tener legítimamente como finalidad la mejora de las condiciones salariales, la mejor manera de cumplir esa finalidad es que el propio criterio de adjudicación valore dichas mejoras […] Esta interpretación vacía de contenido la totalidad del artículo 145.2.1ª; en efecto, no se podría exigir mejora de emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los exigidos en la normativa, no se podrían valorar la existencia de planes de igualdad en empresas no obligadas a ello por la normativa, no se podría valorar la contratación de personas discapacitadas para la ejecución del contrato por encima de lo exigido en la normativa. Esta interpretación del TACRC, al dejar sin contenido un precepto de la ley, no puede ser compartida por nosotros.”
13 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Las Regiones, Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa, Estrasburgo, 3-10-2017, COM (2017) 572 final.