Criterios sociales y medioambientales vs. pequeñas empresas.

El artículo 1 LCSP dispone que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales lo que conllevará una mejor relación calidad-precio y una mejora de la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

A lo largo del texto legal se exponen los momentos del procedimiento de contratación en los que se pueden incorporar los criterios sociales y medioambientales, pero únicamente en dos ocasiones exige obligatoriamente su inclusión:

a) en la reserva de contratos (D.A 4ª LCSP), debiéndose fijar porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, respecto de los servicios y suministros que aparecen reflejados en el Anexo VI de la ley.

b) en las condiciones especiales de ejecución (art. 202 LCSP) “En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente”.

Este mandato supone un gran problema práctico, si bien en algunos contratos es fácil incorporar alguna cláusula de las exigidas, en otros contratos de poca cuantía y atendiendo a so objeto, es muy difícil encontrar el encaje. Sin embargo, la ley no ha hecho distinción, exige su inclusión en cualquier tipo de contrato.

Por otra parte, dispone el citado artículo 1 LCSP, que se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

Esta medida puede chocar en ocasiones con la inclusión de determinadas condiciones sociales y medioambientales. Pensemos, por ejemplo, en la exigencia de la elaboración de un plan de igualdad o de las medidas para combatir el paro que conllevan la contratación de nuevo personal, dichas condiciones pueden suponer una carga que imposibilite la presentación de una oferta a una pyme o micropyme.

Así pues, habrá que buscar el equilibrio entre la inclusión de aspectos sociales y medioambientales y el acercamiento de las pymes a la contratación pública, atendiendo a cada contrato en concreto.

images-10

La maldición del menor.

Se dice que el principio de seguridad jurídica constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es cierto que el derecho no es como las matemáticas y que la legislación ofrece un margen de interpretación, pero lo que estamos viviendo con la regulación del contrato menor en cuanto a los límites con una misma empresa (art. 118.3 LCSP), así como con el análisis que se está haciendo por las distintas Juntas Consultivas de Contratación Administrativas, supone una inseguridad jurídica total.

Si lo del contrato menor fuera un película, desde luego sería de terror, tal vez parecida a la Maldición de Chucky.

Es hora de jugar. La JCCA de Aragón, en su Informe 3/2018, afirmó, en mi opinión con gran acierto, que la regla de incompatibilidad descrita en el artículo 118.3 de la LCSP opera respecto de contratos menores de la misma tipología, es decir, en obras, servicios y suministros; y que el período temporal a que se refiere la prohibición de no superar las cuantías del contrato menor con un mismo empresario ha de entenderse referido a la anualidad o ejercicio presupuestario correspondiente.

Entonces, la JCCA del Estado, entró en escena con sus Informes 5, 41 y 42 de 2017, para afirmar que la ley no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un mismo operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente diferentes y no formen una unidad; yrespecto del plazo, quedebe contarse desde el momento de la aprobación del gasto teniendo en cuenta los contratos menores realizados en el plazo del año inmediatamente anterior a la aprobación del gasto del nuevo contrato.

Posteriormente, en una secuencia, interviene la JCCA de la Comunidad de Madrid, en su Informe 1/2018, alineándose con lo dispuesto por la JCCA Aragón.

Y, por último, la JCCA de Galicia, que en su Informe 1/2018, mantiene el criterio de la JCCA del Estado, si bien, discrepa con ésta en que el período temporal que deben tener en cuenta los entes del sector público con respecto a los límites cuantitativos con la misma empresa licitadora será el ejercicio presupuestario.

Pero la película no ha terminado, sería deseable que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que tendrá como finalidad velar por la correcta aplicación de la legislación contractual, intervenga en el acto final, sin embargo, las películas de terror, no acaban como esperamos.

Pero el menor no es importante Solo es un muñeco, que es lo peor que puede pasar. Existen innumerables sentencias por fraccionamiento irregular del contrato, pero al funcionario que le puede pasar: ser investigado en un juicio, una condena por inhabilitación…., va!, eso solo le pasa a otros!.

Por cierto, No te olvides de chucky.

595c03d636afa

Esquema cuantías LCSP

Menor

Obras -40.000 €
Servicios y suministros -15.000 €
Abierto simplificado Obras hasta 2.000.000
Servicios y suministros hasta 100.000

Criterios de adjudicación que no dependan de un juicio de valor o que éstos no superen 25% (45% en prestaciones de carácter intelectual.

Abierto súpersimplificado Obras -80.000 €
Servicios y suministros -35.000 €
Criterios únicamente cuantificables automáticamente.
Contratos S.A.R.A.

Obras y concesión

5.548.000 € o superior

Servicios y suministros

221.000 € o superior

Servicios anexo IV 750.000 € o superior
Recurso administrativo especial

Obras y concesión

+ 3.000.000 €
Servicios y suministros + 100.000 €