¿Por qué la Universidad pide una moratoria en la aplicación de la LCSP?, por Charo Delgado.

De nuevo mi amiga Charo Delgado Fernández, técnica de gestión de Contratación Pública en la Universidad de Alcalá, participa con este post, tan acertado, tan claro y tan directo.

El pasado día 6 de julio la Universidad de Cádiz acogió la segunda Asamblea General Ordinaria celebrada este año por Crue Universidades Españolas. En la rueda de prensa posterior, el presidente de Crue Universidades Españolas expuso la “gran preocupación de los rectores” ante la Ley de Contratos del Sector Público que ha dejado al sistema “al borde del colapso”. Por este motivo, se pide al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades que reflexione sobre “la posibilidad de aprobar una moratoria en la Ley”, entendiendo que se trata de “un tema de extrema urgencia” y  pide que se atienda a “la singularidad universitaria y que se realice un estudio comparativo con otros países”, según indica la nota de prensa publicada.

No es la primera vez que los Rectores manifiestan su preocupación por la Ley de Contratos. El 25 de junio, la Asamblea General de Rectores y Rectoras del Grupo 9 de Universidades (G-9), reunidos en la Universidad de Cantabria, ya hizo notar su preocupación, en lo referente, especialmente a la gestión de la investigación. Parece ser que una vez que esta ley ha entrado en vigor se está produciendo un enorme bloqueo en la gestión del día a día de las universidades y en particular, de la gestión y de la capacidad de captar fondos para la investigación, según dicen, y se pide que la actividad investigadora quede fuera de esta ley.

Parece razonable, así a simple vista, pero, a los que trabajamos en la gestión de la contratación, especialmente a los que estamos dentro de las Universidades nos resultan curiosas varias cosas:

1. Como sabemos el germen de esta ley se sometió a información pública en el año 2015. En la elaboración del borrador habían participado expertos, algunos de los cuales han desarrollado parte de su actividad profesional dentro de las Universidades, como profesores o incluso en puestos de más responsabilidad (había algún ex – vicerrector). ¿Es posible entender que fueran unos irresponsables o unos ignorantes? No creo.
2. Durante el tiempo en que el anteproyecto estuvo expuesto a información pública la Universidad en su conjunto manifestó un desprecio olímpico por ella. De hecho solo algunos (concretamente dos) gestores de contratación en Universidades intentamos, mediante participación en documentos colectivos, que algunas cosas se adaptaran a nosotros – sin éxito – pero si la Crue se hubiera implicado en ese momento ¿no hubiera sido posible conseguir una ley con alguna adaptación particular a la “singularidad” de la Universidad? Seguramente si.
3. Ese desprecio olímpico se extendió durante la tramitación parlamentaria, dándose el caso, para nuestra vergüenza, de que la única enmienda – que no fue aprobada – relativa al problema que la nueva gestión de los contratos menores causaría a la investigación, y que ahora se recoge en términos similares en la modificación aprobada con los presupuestos – aumentar el límite del contrato menor a 50.000 € – fue propuesta por una empresa privada.
4. En las Jornadas de Gerencia de 2016 – con la ley tramitándose – y 2017 – con texto definitivo y a punto de publicarse en el Boletín Oficial del Estado – no hubo NINGUNA ponencia relativa a esta Ley que ha colocado “el sistema al borde del colapso”. O los Gerentes no tenían conocimientos respecto al problema o no les importaba. No sé qué será peor.
5. La ley, además del tiempo transcurrido desde su aprobación a su publicación – salió del Senado a finales de julio, con tres enmiendas menores que no iban a ser aprobadas en el Congreso y con lo sustancial del texto tal  y como ha entrado en vigor – ha tenido cuatro meses de vacatio legis. En total más de 7 meses. Muchos de nosotros empezamos desde el principio a pedir anticipación y pre-adaptación de nuestros procedimientos. Ha sido predicar en el desierto. De hecho en la Universidad de Alcalá, en mí Universidad, se avisó específicamente de que la ley iba a funcionar “como un tsunami”. Ni caso. Ha sido más fácil escuchar a los que decían que tampoco cambiaba tanto…
6. Todos los que trabajamos en Contratación Administrativa desde hace años sabíamos que con la anticipación suficiente y algunos recursos más era posible afrontar la Ley con garantías, y solo con algún pequeño trastorno – con mucho trabajo, eso si – ¿porqué, específicamente en Universidades se pueden contar con los dedos de la mano los casos en que se ha permitido realizar un trabajo razonable? Además de que no conozco, hasta ahora, ningún caso en que se hayan aumentado los recursos destinados a la gestión de la contratación.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo es posible que ahora los rectores pidan “una moratoria”? ¿Para qué? ¿De cuanto? ¿años? Además, cuando pase habrá que pedir una moratoria de la moratoria, porque el problema no ha estado en la Ley, ha estado dentro de unas Universidades encerradas en sí mismas y sin entender que la Ley de Contratos afecta a cada euro de dinero público gastado, y que, además, somos organismos con medios para afrontar la Ley. La misma Ley que se está aplicando en los Ayuntamientos de 100 habitantes, por ejemplo.

Si después de trabajar correctamente (y con anticipación) hubiésemos podido demostrar razonadamente que algún aspecto de la Ley era insalvable para las Universidades todo sería distinto, pero ahora, lo único que queda claro es la desidia con la que la mayoría de los órganos de gobierno de la Universidades han afrontado una ley que le daba la vuelta a la forma de gestionar los fondos públicos, y que, a pesar de sus múltiples defectos aumenta la transparencia y disminuye la discrecionalidad. Igual sería aconsejable que hiciéramos un ejercicio de humildad y simplemente nos pusiéramos a trabajar.