Mi querido amigo Guillermo Yáñez ha escrito un post para este blog sobre el tema de moda, la corrupción. Le agradezco su participación y también le agradezco todo lo que ha hecho por los que nos dedicamos a la contratación pública desde que empezó con su blog compraspublicaseficaces y la creación de la comunidad de prácticas de la contratación pública, con wikipedia incluida, entre otros proyectos. Un crack.

Como experto en contratación pública con más de dos décadas dedicando mi vida profesional a este complejo sector, he sido testigo de primera mano de los esfuerzos y, a menudo, las frustraciones en la lucha contra la corrupción. Es un tema que está volviendo a generar mucho debate, titulares y, en la mayor parte de las veces, una sensación de impotencia. 

1. Lo que dice la Unión Europea de la contratación en España.

El Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea de julio de 2025 subraya que la corrupción en la contratación pública sigue siendo una preocupación importante en España. Un alarmante 40% de las empresas españolas considera que la corrupción les ha impedido ganar una licitación pública en los últimos tres años, superando con creces la media europea del 25%. Además, el 33% de los procedimientos de contratación en 2023 tuvieron una única oferta, lo que evidencia una preocupante falta de concurrencia (en España ese año el 44 % de las licitaciones tuvieron una sóla oferta).

Habrá que ver qué dice el informe 2025 del grupo Greco que se publicará en Agosto, cuando estemos en la playa.

2. ¿Y qué está pasando en España?

La realidad de la corrupción en contratación pública en España es desoladora.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha revelado datos escandalosos:

• Las denuncias por fraude en la contratación pública se han disparado un 87% desde 2019, pasando de 118 a 221 en cuatro años.
• Casi nada se investiga: 6 de cada 10 denuncias van directas a un cajón.
• Lo más grave: Cero llegan al juzgado. De todas las investigadas, ninguna acabó en la Fiscalía. Cero.

Pero da igual lo que diga la Unión Europea o la OIReScon, el detonante ha sido el informe de la UCO sobre el caso Koldo, Ábalos y Cerdan. 

Urgentemente, el Gobierno de España ha lanzado el «Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción» que busca un modelo preventivo con tecnología y sanciones más duras. Destaca la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública (que unifica OIReScon, OCI y Consejo de Transparencia) supongo que luego llegará la Agencia Catalana, la Vasca, la Murciana… y la mejora de la Plataforma de Contratación con Big Data e IA para detectar fraudes (ese contrato ya se licitó y se presentó una sola empresa, ¿sorpresa?) También habla de blacklisting de empresas, de exigir mecanismos de compliance y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades. 

3. ¿Y qué se dice en el sector? Una batalla perdida.

En el sector, la pregunta resuena constantemente: ¿es realmente posible erradicar la corrupción en la contratación pública? A menudo, la respuesta que se escucha es descorazonadora.

Existe una percepción generalizada en el ámbito de la contratación pública, tanto en la administración como en las empresas, de que la corrupción es un mal endémico. No se puede erradicar. Esta visión pesimista se nutre de la constante aparición de nuevos casos de fraude y malversación, a pesar de la creciente sofisticación de las normativas y los sistemas de control. Autores destacados en el sector comparten esta visión crítica:

• José Manuel Martínez Fernández propone una plataforma única de información como herramienta contra la corrupción. Creo que es demasiado optimista centrarse en la tecnología y no en la voluntad política y la falta de personal cualificado.
• Concepción Campos Acuña critica las nuevas medidas anticorrupción del Gobierno, calificándolas de «refrito» de obligaciones ya existentes y señalando la falta de voluntad y medios para aplicar las normas.
• Por su parte, María Pilar Batet se cuestiona si realmente existe un deseo de erradicar la corrupción en la contratación pública, sugiriendo que el foco se desvía hacia la burocracia y los planes grandilocuentes en lugar de abordar la raíz del problema: la falta de una cultura de integridad.
• Finalmente, José Ramón Chaves profundiza en la idea de que la corrupción no es un problema meramente legislativo, sino profundamente humano, una «gatera» en la condición ética de las personas.

4. Razones por las que la erradicación de la corrupción es misión imposible.

La batalla contra la corrupción en la contratación pública es misión imposible. Como luchar contra el tráfico de las drogas, la prostitución, poner puertas al campo, regular la IA o que mis hijos dejen, un ratito, el móvil.

Si bien la intención de combatirla es, en teoría, universal, la realidad nos golpea con una serie de factores que dificultan enormemente su erradicación total. No es una cuestión de falta de normativas, sino de una combinación de carencias estructurales y humanas.

4.1. No hay verdadera voluntad, solo parches y declaraciones

Una de las razones más acuciantes es la percepción de que no existe una verdadera voluntad política para acometer una reforma profunda y sostenida. A menudo, las medidas anticorrupción parecen ser reacciones a escándalos mediáticos más que una estrategia proactiva y a largo plazo. Se implementan cambios normativos, se endurecen las penas, se publican planes antifraude, pero las estructuras subyacentes que facilitan la corrupción permanecen intactas.

Las unidades de contratación pública, la primera línea de defensa, están crónicamente infradotados. Es una realidad sangrante que contrasta con la complejidad y el volumen de trabajo que manejan. Poco personal, y a menudo, poco cualificado, se enfrenta, (siempre con urgencia, imperiosa urgencia o emergencia) a necesidades muy complejas y normativas en constante cambio. El nivel de destreza profesional en estos departamentos es un factor crítico.

Lo mismo vale para los centros gestores o unidades promotoras de contratos. Poco personal con niveles de destreza muy bajos en las competencias profesionales en contratación pública.

El Marco de Competencias Profesionales en Contratación Pública de España es una herramienta valiosa que busca profesionalizar el sector, pero su implementación y el alcance de su impacto real son todavía un reto. La inversión en formación y el tiempo para que el personal adquiera estas competencias (se incluye una competencia específica en luchar contra la corrupción y el fraude)  a menudo brillan por su ausencia.

Y el problema no se limita a estos centros en cada órgano de contratación. Los organismos fiscalizadores, tanto internos como externos, también sufren de una alarmante falta de personal y recursos. 

Para estrangular a todos esos departamentos, es preciso estrangular al departamento de Recursos Humanos. Si éste no tiene capacidad de respuesta, no dará a abasto para proveer y garantizar la profesionalización de estos puestos. En definitiva, todos esos departamentos estarán dotados con personal “inestable” y con baja cualificación.

4.2. La tecnología, un espejismo sin base.

Otro pilar fundamental que cojea es la tecnología adecuada que soporte todo el proceso. Sin una infraestructura tecnológica robusta y actualizada, no se puede explotar la productividad que la Inteligencia Artificial podría ofrecer en la detección de patrones de fraude y redes de colusión. Se habla de una nueva plataforma de contratación pública, Big Data e IA, pero sin los medios personales y la voluntad de implementarlos correctamente, son solo «brindis al sol», como bien señala Concepción Campos Acuña.

No tenemos tecnología adecuada y, encima, nos pasamos el tiempo copiando datos y más datos para alimentar webs y herramientas diversas para el cumplimiento de la normativa de transparencia (el perfil, el portal de transparencia, rendición de cuentas, Consejo de Cuentas de Castilla y León, ….

4.3. El desenfoque: La morcilla y todas las «chorradas» que nos distraen.

Quizás el punto más frustrante es que, mientras la corrupción en la contratación pública sigue siendo una herida abierta, el foco de atención se desvía hacia otros sitios. Los que trabajamos en esto nos encontramos con situaciones que rozan lo absurdo, donde la complejidad de la normativa (este año entran en vigor 56 normas de la Unión Europa que afectan a la contratación pública) y la obligación legal de incorporar aspectos «extra» desvirtúan el objetivo principal de este proceso de trabajo: comprar, a tiempo, lo mejor al mejor precio.

Imaginemos que tenemos que proyectar un contrato de suministro de morcilla. Para cumplir con lo que las normas dicen habría que incluir aspectos como::

• La proximidad de los productos, habrá que valorar de dónde viene la cebolla de la morcilla, ¿no?
• Que sean de comercio justo, si el arroz viene de Bangladesh ¿habrá que exigir alguna ecoetiqueta?
• Por supuesto, que esté elaborada con materiales ecológicos ¿valoramos que venga la morcilla envuelta en plástico reciclable? o mejor ¿en papel procedente de bosques sostenibles y certificados?
• Y ¿de dónde vienen los cochinos? A valorar la huella de carbono. 
• Y se puede poner ¿de Burgos?, es una procedencia que puede restringir la concurrencia. ¿Qué dirán los de León?
• Y por supuesto, como prescripciones técnicas, que cumplan con los mínimos y máximos que indica la normativa europea que regula las dimensiones, %, … de una morcilla. Lo próximo que regulará la Unión Europea será la textura del torrezno de Soria, su sabor y el % de magro y de grasa…

¿En serio? ¿Todo este lío para comprar morcillas?

La contratación pública se ha convertido en una herramienta para todo, desde la economía local hasta salvar los osos  polares, añadiendo capas y capas de complejidad sin pensar en el objetivo real del proceso de trabajo. 

Nos han hecho perder el  foco en lo importante: conseguir el mejor producto, al mejor precio y a tiempo. El mismo objetivo que tenemos todos como ciudadanos en nuestras compras particulares. 

Por mandato legal y con lobbies bien engrasados nos han distraído, y ahora estamos desenfocados, mirando, en la mayor parte de los casos, a «chorradas» como la huella de carbono, el efecto invernadero, los productos de proximidad, lo social, lo salarial, lo inclusivo, lo exclusivo, lo del género y lo del número, lo sostenible, lo bio, lo circular y lo rectangular, lo …

Quitando la contratación con discapacitados o personas en riesgo o situación de exclusión social, todo eso son chorradas o entelequias que dimanan de los ODS y que sólo enredan la contratación, benefician a los grandes y asustan a las PYMES y a los autónomos.

4.4. El teatro de los planes antifraude

Formalmente, la Ley obliga en el artículo 64.1º al órgano de contratación a tomar las «medidas adecuadas» para luchar contra el fraude y contra la corrupción.

¿La realidad? Planes antifraude de «corta y pega». Documentos para cumplir que acaban en un cajón. Puro teatro.

4.5. ¿Y quién se atreve a denunciar?

Se oye por la red que en las obras del túnel de Belate un miembro de la mesa de contratación dirigió una carta a la presidenta del comunidad autónoma de Navarra diciéndole: “No va en mi nómina, pasar por imbécil”

Creo que la actitud de esa persona es la excepción que confirma la regla general: “La omertà”.

Aunque hay canales de denuncia y una normativa que debe proteger al denunciante yo no sé si tendría ganas de hacerlo. Me puedo atrever, porque tengo asegurado mi puesto de trabajo. Pero, no sé si tendría ganas de hacerlo.

Es más, ¿quién se puede atrever a denunciar un caso de corrupción en su organización a través del canal de denuncia?

Todos aquellos que están en el “alero” como los libre designación, los que están en comisión de servicios y quieren consolidar niveles, los interinos, … No se jugarán el puesto.

Todos aquellos que tengan alguna esperanza de mejorar su carrera profesional, tampoco.

Sólo aquellos que tengan su puesto de trabajo, que no tengan carrera profesional o, si la tienen, les importe un rábano, darán el paso y denunciarán. Y luego, con toda probabilidad, se les condenará al ostracismo.

Y en una empresa privada, pues lo mismo. Un empleado de Acciona detectó posibles chanchullos. Hizo lo correcto: usar, con seudónimo, el canal de denuncias. Siguió el protocolo al pie de la letra. ¿Y sabes que le pasó? Despedido.

5. Conclusión: No hay voluntad real, no hay medios, y los pocos medios andamos perdidos en entelequias.

En definitiva, la percepción de que no es posible erradicar la corrupción en la contratación pública se asienta en pilares sólidos: no hay una voluntad real de atajarla de raíz, no se proveen los medios humanos cualificados y tecnológicos adecuados, y los pocos recursos disponibles se encuentran perdidos y desenfocados en un mar de aspectos accesorios que desvían la atención de lo verdaderamente importante.

En España, la percepción de la corrupción y el uso indebido de los fondos públicos se ha arraigado profundamente en el imaginario colectivo, en parte debido a ejemplos negativos dados desde las más altas esferas del poder. La frase «el dinero público no es de nadie», encapsula una mentalidad que, para muchos, justifica o al menos normaliza la corrupción en la contratación pública.

La lucha contra la corrupción no es solo una cuestión legal, sino profundamente humana y estructural. Como José Ramón Chaves señala, la «gatera» por donde se cuela la ilegalidad es más un agujero en la condición humana y en la falta de una cultura ética arraigada, que un fallo estructural de la norma. Necesitamos que los de arriba den ejemplo, una apuesta decidida por la profesionalización, la independencia de los órganos de control, la inversión tecnológica y, sobre todo, un retorno al sentido común que priorice la búsqueda de la mejor oferta al mejor precio, generando una alta concurrencia y, luego, luchando con determinación contra la corrupción.

¿Crees que estamos condenados a esta «quimera» o aún hay esperanza para un cambio real en la lucha contra la corrupción en la contratación pública? 

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